Cuando se adoptó de manera definitiva el “Estatuto de Roma” poniendo en marcha la Corte Penal Internacional (CPI), el 1 de julio de 2002, Koffi Annan, entonces Secretario General de Naciones Unidas, dijo que el mundo acababa de dar un paso adelante hacía el fin de la impunidad. Annan presentaba aquel acontecimiento como‘la joya de la corona’de sus dos mandatos. Por fin, el mundo disponía de un instrumento eficaz y universal contra las atrocidades en el mundo. En África, la noticia se acogió con entusiasmo porque se creía que la libertad de los criminales tenía límites. Catorce años después, los ánimos están por los suelos y hasta hay quienes se atreven a vaticinar un ‘Afroexit’, paso previo hacia el fracaso de la justicia universal.
Desde los primeros momentos, los países africanos se apuntaron masivamente a la CPI de modo que, de los 124 países integrantes, 34 fueron africanos. Las cifras muestran los anhelos que tenía el continente negro de ver el final de las injusticias que cometen algunos africanos contra sus propios conciudadanos. Lo que no se leyó fue la letra pequeña que estipula que cualquier sospechoso de crímenes contra la humanidad podría ser juzgado sin tener en cuenta la función que desarrollaba en su país. En otros términos, la Corte no contempla ninguna inmunidad posible. Tanto presidentes en ejercicio como jefes de las milicias o salteadores del camino podrían sentarse en el mismo banquillo de los acusados. Esta clausura se revelaría después muy difícil de aplicar y sería la base de algunos de los problemas actuales que ponen en entredicho la supervivencia misma de la Corte.
Para ser acusado a la CPI, los estatutos establecen tres modalidades: Bajo iniciativa del Fiscal General, bajo sugerencia de la ONU o bajo petición de un Gobierno. No es pues posible llevar individualmente un caso a la CPI. Por otro lado, los estatutos solamente se aplican a aquellos países firmantes. Quedan excluidos de esta Corte los miembros de los países que no firmaron excepto si los crímenes se han cometido en un territorio bajo la jurisdicción de un país firmante.
Dicho esto, es evidente que la CPI nació con dos heridas mortales: la falta de voluntad de las grandes potencias y la carencia de medios policiales para ejecutar las decisiones.
En primer lugar, los países que generalmente son considerados como potencias mundiales capaces de poner presión al resto del planeta no quisieron integrar la Corte. De hecho, los tres países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU no figuran en la lista de los países firmantes del Estatuto de Roma: Los Estados Unidos, Rusia y China. A su lado, otros países de gran importancia geoestratégica como India, Pakistán, Israel, Corea del Norte etc. tampoco firmaron. Sin la presencia de estas potencias, la CPI no podía más que nacer coja en su vocación universalista.
En segundo lugar, se sabe que las decisiones de la justicia necesitan de una fuerza coactiva para ejecutarse. En cualquier país, las Administraciones y, especialmente, la policía se ocupan de realizar este papel. Si no hubiera policía u otra fuerza similar capaz de hacer aplicar las decisiones de la justicia, los jueces se quedarían impotentes y sus sentencias serían letra muerta. He aquí la segunda herida mortal de la CPI. No dispone de ningún mecanismo propio para capturar a los criminales más allá de la buena voluntad de colaboración de los países en los que se encuentran. ¿Qué país entregaría a su propio presidente o al presidente de un país vecino?
¿Qué pasa con África?
Hace unos días Burundi anunció su retirada de la Corte. Poco después, siguieron Sudáfrica y Gambia. En Congo Brazzaville, hubo una manifestación a favor de la retirada. El presidente de Uganda dijo en alguna ocasión que ya no consideraba la CPI como algo serio. Todos los analistas temen un efecto domino. ¿Estamos ante un ‘Afroexit’? ¿Qué pasará si África se retira? ¿Qué razones esgrimen los que se retiran o se quejan?.
Desde el principio, la CPI ha tenido una atención particular con el continente. Muchos casos han sido remitidos a La Haya ya sea por los propios gobiernos, ya sea por iniciativa de la fiscalía o por petición del Consejo de Seguridad de la ONU. En estos momentos, al nivel mundial, treinta casos están en manos de la Corte, juzgados ya, en proceso de juicio o con sus autores en busca y captura. Resulta que de los 30 casos, 29 son africanos: 6 en Sudán del Norte, 6 en Kenia, 5 en la RD del Congo, 3 en Uganda, 1 Sierra Leona, 1 de Centroáfrica, 3 en Libia, 3 en Costa de Marfil y 1 en Mali. De repente, surge la pregunta: ¿Solamente se cometen crímenes contra la humanidad en África? No hay crímenes contra la humanidad en Israel, en Afganistán, en Irak, en Ucrania, en Yemen, etc.
Los hechos parecen dar la razón a los detractores del Tribunal. Si realmente la CPI es universal, ¿por qué juzga solamente a los africanos? En efecto, lo que se pone en duda no es la necesidad de una Corte Penal Internacional, ni la existencia de los crímenes en África, sino la aparente parcialidad a la hora de perseguir a los criminales.
Sin embargo, hay que recordar los principios básicos ya enumerados: La CPI no juzga más que a los criminales de los países firmantes del Estatuto o cuando han cometido los crímenes en un territorio firmante. Con esta clausura, es muy difícil que se pueda llevar a La Haya a los criminales de EEUU, Rusia, Israel, China etc. El mismo principio se aplica a los países africanos no firmantes como por ejemplo Argelia, Sudán del norte, Ruanda, Libia, Zimbabue etc.
También conviene resaltar que la mayoría de los actualmente afectados por la CPI han sido imputados a petición de los gobiernos africanos: Charles Taylor fue entregado por Nigeria a petición del gobierno de Liberia; Laurent Gbagbo fue entregado por el gobierno de Costa de Marfil; Thomas Lubanga fue entregado por el gobierno de la RD del Congo etc. En este caso, ¿Quiénes son los responsables: la CPI o los gobiernos implicados?
Por otro lado, en muchos países africanos, existe un clamor popular para que se pueda detener y juzgar a algunos criminales todavía sueltos como Joseph Kony de Uganda, Abubakar Shikau, responsable de BokoHaram etc. Es evidente, pues, que el pueblo africano no da soporte a la impunidad ni mucho menos.
El problema más acuciante, a mi entender, es que la CPI no tiene el apoyo de ‘los grandes’ de este mundo. Si los USA, Rusia, China y tantos otros fueran integrantes de la CPI, la Corte tendría más peso y más autoridad. Desgraciadamente, no es así. De repente, África se encuentra como acosada por ser casi la única expuesta a ver a sus dirigentes perseguidos.
También es verdad que el hecho de querer perseguir a los presidentes en funciones sin tener en cuenta su inmunidad se ve como una humillación, no solamente a los acusados sino también a sus ciudadanos y a todos los africanos. De manera inconsciente, el continente se acuerda de la horrible historia de la colonización. De hecho, uno de los argumentos que circulan en las redes sociales es que la CPI se ha convertido en la mano derecha de Occidente para perpetuar su neo-colonialismo. La imagen del presidente Uhuru Kenyatta de Kenya ante la Fiscal en La Haya fue demoledora para la dignidad de África; la de Laurent Gbagbo capturado en el palacio presidencial y llevado a La Haya, también.
De todo esto, se desprende que si África se retira de la CPI, habrán ganado los criminales y habrán perdido las víctimas. Nadie duda de que por el continente circulan libremente muchos que tendrían que estar entre rejas meditando sobre sus macabras fechorías. Nada prueba que la Corte Penal Africana como propuesta alternativa vaya a ser funcional dentro de poco y a tener tanta eficacia como la CPI. ¿Tendrá los medios económicos, políticos y policiales para actual sobre los poderosos? Pero la pregunta más honda para los defensores de los Derechos Humanos es otra: ¿Detrás del ‘Afroexit’, no se escondería la voluntad de impunidad?
