La Justicia Gratuita (antes llamada “Defensa de pobres”) existió y se mantuvo durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Hasta 1974, esta defensa de pobres era gratuita en el sentido estricto de la palabra, ya que los abogados estaban obligados a prestar este servicio sin recibir contra prestación alguna, considerándose una carga de honor de la profesión; carecía del carácter de voluntariedad que posee ahora.

La Constitución de 1978 vino a reconocer la justicia gratuita como un derecho constitucional, dejando por tanto de considerarse como “defensa de pobres”, pasando a ser un derecho reconocido a toda persona; así se deduce del tenor literal del artículo 119. La Justicia Gratuita es una herramienta fundamental para el cumplimiento del mandato del artículo 24.1 y 2 CE, que establece el derecho a la tutela judicial efectiva.

Un mandato constitucional estrechamente vinculado con la existencia de un Estado de Derecho. De hecho, sin la existencia de la defensa gratuita se pervertiría el principio de igualdad ante la ley del artículo 14 de la Constitución, pues sólo se permitiría el acceso a la justicia a unos pocos.

La Justicia Gratuita, por tanto, es una de las características de todo Estado democrático occidental que se precie, sin la cual los principios de igualdad, de derecho a la asistencia letra y a la tutela judicial efectiva se tambalearían.

La Ley 1/1996 del 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita es una ley jurídicamente perfecta, que crea unos servicios jurídico sociales envidiables, sobre todo en lo que se refiere al asesoramiento gratuito a víctimas de violencia de género y terrorismo, a personas con discapacidad intelectual y el asesoramiento y asistencia a presos (ley que, por cierto, el resto de países europeos toman como ejemplo en estas materias); los abogados de este turno también desempeñan una labor magnífica: se trata de letrados muy cualificados, que realizan su labor con el mayor celo y diligencia, entregando su experiencia y sus conocimientos a la sociedad, a las personas que menos recursos tienen. El turno de oficio, aparte de ser vocacional, es una opción de la abogacía muy recomendable, tanto para adquirir experiencia procesal como para obtener una visión más amplia del mundo jurídico, tal y como sostienen todos los profesionales que forman parte del mismo.

Entonces, si se trata de un servicio tan necesario para la sociedad ¿por qué este colectivo de Letrados se encuentra tan maltratado por las instituciones? Al ser el medio con el que los ciudadanos cuentan para defenderse frente al Estado y a las entidades públicas y privadas (bancos, multinacionales), puede que esta sea la razón de la sordera de las Administraciones Públicas ante las reclamaciones de estos operadores jurídicos; es obvio que no les interesa facilitar el buen funcionamiento del turno de oficio, y tal vez es por eso por lo que la ley de 1996 es objeto de un incumplimiento reiterado, tanto por parte del Estado como de las Comunidades Autónomas, en lo que a remuneraciones dignas se refiere.

No parece muy justo ni muy ético que, mientras al abogado de oficio se le exige que despliegue su labor con la máxima diligencia, a cambio reciba el desprecio institucional en forma de unas compensaciones que, en ocasiones, más parecen limosnas que remuneraciones dignas.

Turno de Oficio digno

Para ilustrar mis palabras, tenemos la reciente noticia del abogado Juan Antonio Gragera, quien defendió a un imputado en la trama Gürtel y recibió a cambio por parte del Estado la mísera cantidad de 119 €, por dos años de trabajo y una causa de 700.000 folios.

Los recortes en el turno de oficio vienen de muchos años atrás, incluso antes de la crisis económica, evidenciando la voluntad por parte de las instituciones de golpear uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho. Sin embargo, no todo son malas noticias, en la Comunidad de Madrid la situación se está volviendo más favorable; después de un duro camino de negociaciones entre la Comunidad y los Colegios de Abogados de Madrid, alcanzaron un acuerdo según el cual se incrementarán los baremos actuales de forma lineal en los años siguientes (un 10% en 2016). Además, se han incrementado los baremos retributivos para ciertos procesos: en un procedimiento laboral, pasan de cobrar 144 € a 200 €; en un procedimiento abreviado reciben 240 € y, si dicho procedimiento se convierte en un proceso penal, la cantidad se incrementa hasta 360 €.

La crisis económica no ha hecho más que evidenciar la gran importancia del Turno de Oficio en nuestra sociedad: cada vez son más las personas que reclaman los servicios de la justicia gratuita. Toda crisis trae consigo un aumento de los índices de litigiosidad: aumentan los despidos, las reclamaciones por cláusulas suelo, los concursos de empresas, las insolvencias y incumplimientos contractuales, como por ejemplo, los relativos a las ejecuciones hipotecarias.

El derecho a la defensa letrada, en definitiva, a la tutela judicial efectiva, es un pilar del Estado democrático sin el cual los ciudadanos sin recursos se verían indefensos en muchas ocasiones ante los poderes públicos. Para no seguir socavando esta garantía que nos caracteriza como democracia es necesario que todos los partidos políticos se comprometan a respetar y valorar las funciones de este colectivo de profesionales tan necesario y que, tanto la Administración Central, como la de las Comunidades Autónomas destinen partidas presupuestarias suficientes para garantizar remuneraciones dignas.

Autora: María Pérez García – Estudiante de Derecho