Despido improcedente.

Una indem­ni­za­ción de 33 días de salario por año de ser­vi­cio, pro­rra­te­ando por meses los perio­dos infe­rio­res al año, con un máximo de 24 men­sua­li­da­des. La empresa puede elegir, en los cinco días siguien­tes a la noti­fi­ca­ción de la sen­ten­cia, entre pagar esa indem­ni­za­ción o read­mi­tirte; si opta por read­mi­tirte, además te corres­pon­den los sala­rios de tra­mi­ta­ción.

Si tu con­trato es ante­rior al 12 de febrero de 2012, el cálculo se hace en dos tramos: 45 días por año para el tiempo ante­rior a esa fecha y 33 para el pos­te­rior, con topes propios.

Aquel en el que no queda acre­di­tado el incum­pli­miento que la empresa alegó en su carta, o cuya forma no se ajusta a lo que exige la ley. La forma importa tanto como el fondo: el despido debe noti­fi­carse por escrito, con los hechos que lo motivan y la fecha de efectos, y hay garan­tías adi­cio­na­les para repre­sen­tan­tes de los tra­ba­ja­do­res y per­so­nas afi­lia­das a un sin­di­cato cuando a la empresa le consta.

Depende de cómo se cali­fi­que el despido, no de que el con­trato sea inde­fi­nido. Si es impro­ce­dente, 33 días por año con el tope de 24 men­sua­li­da­des. Si es un despido obje­tivo, 20 días por año con un máximo de 12 men­sua­li­da­des, que deben ponerse a tu dis­po­si­ción al entre­garte la carta. Si es pro­ce­dente, no hay indem­ni­za­ción. Y si es nulo, no hay indem­ni­za­ción sino read­mi­sión con los sala­rios dejados de per­ci­bir.

En el despido por causas obje­ti­vas. La ley exige que la empresa comu­ni­que la causa por escrito, ponga a tu dis­po­si­ción la indem­ni­za­ción de veinte días por año de ser­vi­cio —con un máximo de doce men­sua­li­da­des— en el mismo momento de entre­garte la carta, y conceda quince días de pre­a­viso.

Hay una excep­ción: cuando la causa es eco­nó­mica y la empresa no puede abo­narla, puede dejar de ponerla a dis­po­si­ción, pero tiene que hacerlo constar en la comu­ni­ca­ción escrita. Un despido obje­tivo puede recu­rrirse igual que un despido dis­ci­pli­na­rio, y si pros­pera pasa a cal­cu­larse como impro­ce­dente.

Firmar el fini­quito no siempre impide impug­nar el despido, pero com­plica el asunto según lo que el docu­mento diga y cómo se firmara. Lo pru­dente es revi­sarlo antes de firmar y, si no estás con­forme, hacerlo constar por escrito. Si ya lo has firmado, sigue mere­ciendo la pena con­sul­tarlo cuanto antes: el plazo de veinte días corre igual.

Depende de si esa can­ti­dad se corres­ponde con tu salario y tu anti­güe­dad reales, y de a qué renun­cias al acep­tarla. Es una situa­ción muy habi­tual en el acto de con­ci­lia­ción y suele deci­dirse en el momento, así que lo deter­mi­nante es llegar con el cálculo hecho y sabiendo qué se firma.

En el impro­ce­dente, la empresa elige entre read­mi­tirte o indem­ni­zarte. En el nulo no puede elegir: procede la read­mi­sión inme­diata con abono de los sala­rios dejados de per­ci­bir. El despido es nulo cuando su móvil es una causa de dis­cri­mi­na­ción pro­hi­bida, cuando se produce con vul­ne­ra­ción de dere­chos fun­da­men­ta­les o cuando con­cu­rre alguno de los supues­tos espe­cial­mente pro­te­gi­dos que enumera la ley, entre ellos deter­mi­na­das situa­cio­nes vin­cu­la­das al emba­razo, el naci­miento y los per­mi­sos de cuidado.

La pres­ta­ción por desem­pleo se tramita ante el Ser­vi­cio Público de Empleo y sigue su propia vía, dis­tinta de la recla­ma­ción judi­cial por despido. Como lo que ocurra con la pres­ta­ción depende de la situa­ción con­creta y de cómo termine el pro­ce­di­miento, con­viene plan­tear las dos cosas a la vez desde el prin­ci­pio y no dar por hecho ninguna.

No hay un plazo general que se pueda pro­me­ter, porque depende del seña­la­miento del juzgado y de si el asunto se cierra en con­ci­lia­ción o llega a juicio y después a recurso. Lo que sí tiene plazo cierto es el prin­ci­pio: veinte días hábiles para recla­mar.

Los hono­ra­rios son libres y no hay tarifa oficial. Varían según la com­ple­ji­dad, si además hay can­ti­da­des que recla­mar y si el asunto llega a juicio o a recurso. Pre­gunta las con­di­cio­nes al plan­tear el caso: el des­pa­cho te las con­firma antes de asumir el encargo. Si tu situa­ción eco­nó­mica lo jus­ti­fica, puedes soli­ci­tar asis­ten­cia jurí­dica gra­tuita.