Los juristas o mejor los leguleyos bolivarianos han decidido desconocer el Pacta Sunt Servanda que, desde los romanos ha sido un principio universal en todas las legislaciones y que en las normas civiles, constitucionales, internacionales y en general en todo el Derecho es de cumplimiento obligatorio.

Para ellos: Pacta Sunt Violanda.  El régimen bolivariano desconoció previamente, al grito de exprópiese, la separación de poderes y la jerarquía de las leyes, que tomaron del pensamiento del Barón de Montesquieu y del Profesor Hans Kelsen.

A partir de ese momento la Revolución Bolivariana, con su comandante al frente, desconoció y violó sistemáticamente la Constitución de 1.999 y mediante las llamadas leyes habilitantes, que el Congreso dio al Presidente Chávez de legislar por decreto desconoce e incumple  todos los  Tratados y Convenciones Internacionales sobre los Derechos Humanos.

Desconoce, asimismo, a la Asamblea Nacional que amenaza con suprimir  con un Tribunal Supremo de Justicia debidamente amañado.

Pero como lo escribió el  jurista Román Duque Corredor:

“La legitimidad la confieren los ciudadanos como cuerpo electoral con la capacidad de otorgar el poder en nombre del pueblo. Pero que no es un cheque en blanco ni permanente.

Por eso la legitimación de origen ha de revalidarse día a día en el ejercicio del poder y la Constitución  y la ley establece mecanismos parlamentarios y judiciales para revocar o invalidar el mandato que traicionen la confianza ciudadana.

Por tanto, el control político es consustancial a la noción de legitimidad democrática y el control constitucional a la del constitucionalismo”.

Como establece en su Artículo 26 la Convención de Viena (1969) sobre el Derecho de los Tratados:  “el contrato es ley”.

En Venezuela se consumó un golpe de Estado Judicial que sigue desconociendo la Carta Democrática Interamericana que establece:

“1. Respeto a los Derechos Humanos y libertades fundamentales.

  1. Acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho.
  2. Elecciones periódicas.
  3. Régimen libre de Partidos Políticos.
  4. Separación de poderes.”

Con las leyes habilitantes dadas al Presidente para legislar por 18 meses por decreto, se logró establecer el “Estado Comunal del poder popular”. }

Este “Estado Democráticos Social de Derecho y de Justicia” cuyos valores proclama al mismo tiempo que los desconoce: la vida,la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia y en general la vigencia de los Derechos Humanos, la ética y el pluralismo político (Articulo 2).

Todos estos valores obviamente se violan con la prisión de Leopoldo López y más de 180 presos políticos  sin el debido proceso en juicios nulos de toda nulidad.

El intento de Reformar la Constitución para establecer el “Estado Socialista centralizado, militarista y policial” fue rechazado por el pueblo el 7 de diciembre del 2007, pero, en fraude a la Constitución, la Asamblea Nacional, bolivariana  aprobó las  leyes orgánicas: Consejos Populares, Ley de las Comunas, Sistema Económico Comunal y Planificación Pública del Poder Popular.

Gracias a Dios y a pesar de todo lo aquí relatado la lucha por la libertad, sigue y el último y más contundente juicio de rechazo, lo hizo el Cardenal Urosa, Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana que en el documento del primero de enero, Jornada Mundial de la Paz, afirmó:

  1. “Otro problema pendiente es el reconocimiento de las facultades de la Asamblea Nacional actualmente bloqueada tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Judicial. Esto configuró una situación real de dictadura por el desconocimiento de la voluntad del pueblo expresada el pasado 6 de diciembre de 2015.
  2. De nuevo pedimos la liberación de los presos por  hechos conexos con actividades políticas… Todos ellos deberían ser procesados en libertad tal como lo dispone el Código Procesal Penal…”

(Mensaje leído en todas las iglesias)

Remato con estas palabras: Tengamos fe, no perdamos la esperanza y sigamos en la lucha con coraje y decisión porque, como dijo Federico García Lorca, “El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta”.

Autor: José Domínguez Ortega
Abogado, Socio en Cremades & Calvo-Sotelo. Asesor del Presidente de Fedecámaras; Director del Comité Bilateral de Empresarios Hispano-Venezolanos de Fedecámaras; y miembro de la Cámara de Comercio Venezolano-Española. Fue Vice-Ministro de Estado para el Desarrollo de la Inteligencia y miembro de la Asociación Mundial de Prospectiva Social (Ginebra, Suiza); Director Ejecutivo de Fedecámaras; asesor del Grupo Vollmer; Director del Banco Consolidado de España; asesor de varios grupos españoles como Camer Internacional, Banco de Descuento, Monerris Planelles, Centun. Asimismo, fue Secretario General de Fe y Alegría y Director del grupo fundador de FIPAN