Agradezco a Lacaci & Delgado abogados su invitación para publicar en su blog.
En estos tiempos, en los que Pablo Iglesias reclama que no existan medios de comunicación privados, argumentando que todos deberían estar controlados por el aparato el Estado, se hace más necesario que nunca defender el periodismo independiente.
Fue Thomas Jefferson quien dijo: “Si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en defender lo segundo”. No cabe duda de que, en una sociedad democrática, son los medios de comunicación los que ejercen un necesario e insustituible papel de fiscalización del poder político.
La aparición de las redes sociales y la generalización de publicaciones en internet han derribado las barreras de la comunicación. Cualquiera con un teléfono móvil se ha convertido en un nuevo “cronista-opinador”. Damos la bienvenida a la socialización de la información, ya que la libertad es siempre la mejor receta para una sociedad. Pero advertimos de la necesaria responsabilidad que conlleva la capacidad de difundir noticias, ideas y opiniones.
Actualmente, se ha popularizado la expresión “fake news” para referirse a lo que son, simplemente, mentiras. Los bulos y las insidias se han extendido de tal manera que hasta el gobierno ha puesto en marcha mecanismos para tratar de limitar la llamada “desinformación”. Pero, bien es verdad que esa iniciativa puede encerrar la oscura pretensión de desactivar determinadas informaciones que sean críticas o comprometedoras para el poder político.
La censura no es jamás una solución, por lo que la responsabilidad y la deontología profesional se hacen más que necesarias. El artículo 20 de la Constitución consagra el derecho a la libertad de expresión y opinión, y protege también el secreto profesional en el ejercicio de esas libertades. Un periodista, por tanto, tiene derecho a no revelar sus fuentes, pero no debe renunciar a su compromiso ético de comprobar la veracidad de lo que vaya a difundir.
Publicar un sumario judicial, que por ley es secreto, no es un delito, ya que el periodista se ampara en ese artículo 20 que le permite, incluso, no revelar quién se lo ha facilitado. Pero no olvidemos que sí comete delito el que filtra esos documentos, tal como establece al artículo 466 del Código Penal. Y, en nuestro país, nunca nadie ha sido condenado por transgredir esa norma.
Eso ha facilitado lo que hemos dado en llamar “pena de Telediario”, que supone hurtar el derecho a la presunción de inocencia que toda persona tiene cuando divulgamos determinadas diligencias judiciales que le puedan afectar.
Así por ejemplo, Francisco Camps fue obligado a dimitir como presidente de la Generalitat de Valencia, acusado de unas irregularidades relacionadas con unos trajes, muy aireadas por los periódicos, de las que, años más tarde, quedaría exonerado por la Justicia. Nunca nadie fue condenado por haber filtrado esos sumarios antes de haberse abierto juicio oral.
O Cristina Cifuentes tuvo que dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid por difundirse unas grabaciones que acreditaban el hurto de unas cremas en un establecimiento. Ella abonó el importe de lo sustraído, por lo que no hubo diligencias policiales y no existió, por tanto, delito. Sin embargo, nunca se persiguió al auténtico delincuente, que fue quien mercadeó con unas grabaciones que, por ley, deberían haber sido destruidas y nunca difundidas, al no recaer sobre ellas ningún tipo de requerimiento judicial.
Vivimos tiempos en los que la difusión de noticias falsas se ha convertido en un arma política para destruir a los oponentes. Poco importa que esas noticias no sean ciertas, ya que, cuando sean dilucidadas por la Justicia, ya será tarde para compensar el daño causado. Quizá el caso mas sangrante sea el de Rita Barberá, que murió de angustia en la habitación de un hotel al verse vilipendiada, incluso por sus más próximos, sin reconocerle su derecho a la presunción de inocencia.
Víctor Hugo, en el capitulo 1 de “Los Miserables”, escribía: “Lo que de los hombres se dice, verdadero o falso, ocupa tanto lugar en su destino, y sobre todo en su vida, como lo que hacen”. No le faltaba razón. La máxima de “intoxica, que algo queda” se ha revelado de gran utilidad en la confrontación política y, lamentablemente, el periodismo, de modo consciente o no, se ha puesto a su servicio.
Por eso es necesario reivindicar la deontología profesional de los periodistas. Porque, como dijo Ryszard Kapuscinki: “Cuando se descubrió que la información era negocio, la verdad dejó de ser importante”.
