La independencia judicial, es en si misma, uno de los valores fundamentales de todo estado de derecho que basado en la separación de poderes, garantiza la libertad, la democracia y sobre todo la justa aplicación de la ley, porque esta está amparada en la ley de leyes que nos dimos los españoles, con una Constitución como norma fundamental del Estado.

En una de las últimas comunicaciones emitidas por las tres asociaciones de jueces que representan a la mayoría de la carrera judicial, se hacía público que en una misiva remitida por la vicepresidenta de la Comisión Europea, sra Vera Jouva a la eurodiputada española Maite Pagazaortundua “ es importante asegurar que cualquier futura reforma del CGPJ, tenga en cuenta los estándares europeos, en donde en particular, existe una recomendación del Consejo de Europa, que determina que no menos de la mitad del Consejo, deben ser, jueces elegidos por sus pares.”

Esta recomendación realizada por la Comisión, cuyo origen tiene la reiterada petición por parte de las asociaciones judiciales para que los jueces puedan elegir a sus representantes en el órgano de dirección de la judicatura, ahonda más la preocupación existente en la sociedad española, ante las pretensiones que tienen los partidos que conforman el gobierno de España, de llevar a cabo una modificación de las funciones del CGPJ, dejándole prácticamente sin el ejercicio de sus funciones, al ser incapaces desde los grupos parlamentarios de llegar a acuerdos que den lugar a una renovación del Consejo General, para lo que precisan del voto de 220 de los 350 diputados del Congreso.

En la actualidad, este órgano de dirección de los jueces, ha sobrepasado el período quinquenal de mandato que corresponde a sus miembros, pero ante la falta de acuerdo de los partidos del parlamento español, está ejerciendo a modo de prórroga todas sus funciones, lo que no es la primera vez que sucede durante los 42 años de nuestra democracia, pero desde los aledaños del gobierno, se pretende hacer una maniobra poco limpia como impedir que pueda hacer nombramientos, porque estos, no gustan a quienes sustentan el gobierno y la mayoría parlamentaria, que por otra parte, está conformada por quienes dicen que los jueces deben estar al servicio de gobierno de turno, o por quienes en su día formaron parte de unos actos de sedición y malversación, que dio lugar a que algunos de sus dirigentes sufrieran condenas de cárcel, o por quienes incorporados a la “dirección del estado”, forman parte de la herencia de una organización que causó daño y dolor a la sociedad española durante décadas.

Una sociedad democrática no puede permitir que el órgano de dirección de los jueces, se convierta en un reparto de puestos entre los representantes de los partidos, sin que los representantes de la judicatura, forme parte del mismo, porque no es concebible que quienes viven cada día la justicia, no tengan la capacidad de ser representados en el órgano que les rige.

 La justicia, no puede permitirse el “lujo” de que sea la política quien rija su destino, porque es evidente, que desde esta, muchas veces da la sensación de que no interesa que mejore, porque en este siglo XXI, hemos visto como desde determinadas comunidades autónomas, se ha pretendido hasta controlar las actividades de los jueces, mediante el control de los ordenadores con los que trabajan o con la constante y ya cansina falta de medios para desarrollar su trabajo en las sedes judiciales, muchas de ellas obsoletas e inservibles o en causas de gran importancia, no se han dado los medios necesarios de refuerzo para el desarrollo y la agilización de los sumarios.

También es imprescindible recuperar la credibilidad de ciertos aspectos de la justicia, porque no es de recibo que quien ostenta la fiscalía general del estado, nombramiento que realiza directamente el gobierno, haya sido anteriormente ministra del ramo, porque a pesar de tener su propio estatuto fiscal, la independencia de este órgano queda en entredicho y la justicia no puede ser un poder que permita la existencia de puertas giratorias de sus miembros, entrando y saliendo de y hacia la política, sin que estas situaciones, estén reguladas.

No quiero olvidarme tampoco de la falta de protección de algunos jueces que desarrollan su trabajo en determinadas comunidades autónomas, en donde sufren una importante presión política y social por sus decisiones, hasta el punto que está presión, les afecta a su vida personal y familiar, provocando innumerables peticiones de traslados, que generan una desertización judicial preocupante y problemática.

En definitiva, es vital que un estado de derecho goce de una clara independencia judicial, porque eso querrá decir que ese estado, tiene plenas garantías de libertad,  y de robustez democrática.

¿Eso pasa en España? Visto desde la perspectiva ciudadana, no, porque parece que se quiere tener la justicia controlada desde la política, apartar a los jueces de sus derechos de representación en el órgano que les rige e intentar que la justicia page los platos rotos de los actos de los políticos en la política, lo que muchas veces, hace que la justicia, les aparte, por haber cometido irregularidades.

Autor: Eugenio Narbaiza – Periodista