Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, explica en el blog Lacaci & Asociados los hechos y argumentos jurídicos que han llevado al Colectivo de Víctimas del Terrorismo a denunciar a 76 terroristas por la presunta falsificación de títulos universitarios.
Recogemos a continuación las palabras de Consuelo Ordóñez:
El lunes 19 de octubre presentamos una denuncia muy laboriosa, muy costosa, el merito es de una colaboradora excepcional de Covite, Pilar Osorio, que no solo cuenta con una cabeza privilegiada, una profesionalidad insuperable, capacidad de trabajo, es que para hacer lo que hace y trabajar con nosotros hace falta algo más, que marca la diferencia y se hace notar, compromiso, ese compromiso es la seña de identidad de los pocos profesionales, pero los mejores, que trabajan con nosotros.
La denuncia la interpone Covite contra 76 etarras por un presunto delito previsto y penado en el artículo 393 del Código Penal en concurso con delito de terrorismo. Y que consiste en el uso en juicio o en perjuicio de terceros de documento falso.
Todo se inicia porque llegan a nuestras manos cientos de documentos, pantallazos informáticos de expedientes académicos de la Universidad del País V asco (en adelante UPV) y UNED de Bergara, y que se corresponden en su inmensa mayoría con expedientes de matriculación y de estudios de presos etarras. La trama se destapó en 2002, cuando más de 40 profesores de la UPV se decidieron a firmar y publicar un manifiesto poniendo en evidencia “el sistema especial de alumnos presos” implantado. Ya en 2005, se presentó denuncia contra funcionarios y personal de la UPV por delitos de falsificación documental y prevaricación. En 2013, se edita un libro escrito por Ofa Bezunartea, “Memorias de la Violencia” (diciembre 2013), en el que también se recogen testimonios de jueces, profesores y periodistas, y se hace hincapié en la existencia de una trama en la UPV y en el clima de persecución en el seno de la Universidad, que obligó al exilio forzoso de muchos docentes.
En la citada obra se incluyen párrafos del Informe de los Servicios de Información de la Guardia Civil, que se refieren al control del frente de cárceles y la colaboración del personal de la UPV. Informe que pudo ser aportado al único juicio que sobre esta trama corrupta dirigida por ETA se ha incoado en la justicia española. Un procedimiento que se inició en la Audiencia Nacional por su conexidad con la estrategia de ETA, y en el que, en tan sólo unos meses (un día después de aprobado en el Parlamento el mal llamado “proceso de paz”), se decidió la inhibición a favor de la competencia ordinaria de los juzgados de instrucción de Getxo.
El desenlace os lo podéis imaginar una vez que la denuncia va a parar a la jurisdicción ordinaria del País Vasco. Tras una larga instrucción de más de 6 años, siempre dirigida contra funcionarios o autoridades por falsificar documentos y por prevaricación, se decretó el archivo de la mayor parte de los delitos denunciados, por prescripción. El objeto procesal fue fijado en la presunta ilegalidad de la extensión del sistema de estudios a dos etarras deportados, y los dos únicos profesores acusados, finalmente fueron absueltos por el Juzgado de lo Penal de Bilbao.
Pero para más constatación de la trama de ETA que existió durante años en la UPV y UNED de Bergara (en tiempos del famoso Convenio) tenemos una contestación de la Fiscalía de Vizcaya, y otra de la de Guipúzcoa en el mismo sentido, notificadas recientemente, dónde sin ruborizarse nos reconocen textualmente que en ese juicio de Bilbao se constató «que se habían realizado estudios universitarios y obtenido licenciaturas universitarias en extrañas circunstancias, circunstancia de falta de datos incluso al inicio de los propios expedientes, puesto que no constaban las vías de acceso utilizada para matricularse» .
Lo que me parece increíble es que en ese juicio que se llevó en Bilbao, por otros delitos y contra otros denunciados, se constatara lo resaltado en negrita, y no se actuara de oficio, ni se hiciera nada al respecto, cuando lo inmediato hubiera sido iniciar el correspondiente proceso que ordenara
la anulación de los cursos, asignaturas y títulos obtenidos fraudulentamente. Pero como estáis comprobando hay muchos obstáculos para que se cuente esta verdad, reconocida por la propia Fiscalía. Más que obstáculos, intereses poderosos, además de responsabilidades institucionales de distintos órdenes que interesa no sacar a la luz. Revestir a criminales organizados de una excusa política para asesinar, necesita además de una pátina de intelectualidad. Pero en Covite somos muy obstinados y no pararemos hasta demostrar la Verdad para que ni éste, ni ningún delito terrorista, quede impune. Los hechos y conductas que denunciamos jamás se han investigado y menos juzgado. Y si los documentos son falsos, el fraude se ha cometido contra nosotras, las víctimas, pero también contra el Estado de Derecho.
La fórmula jurídica para denunciar unos hechos delictivos que pretenden darse por cerrados, no es un tema sencillo, os lo aseguro, ya que sabemos que los tribunales, por lo que nos han demostrado, no quieren hincar el diente a esta cuestión espinosa, que trasluce bastantes más responsabilidades que la trama de ETA, que existió y muy activa, en un tiempo no muy lejano. Sin embargo después de analizar las respuestas y los documentos, comprobamos que aspectos habían quedado al descubierto: existía falsedad documental, y no existía relación de dependencia alguna entre los hechos investigados en Bilbao y el delito de uso cometido.
Pero sigamos, nuestra denuncia se dirige contra etarras, al menos 76. Y usan esos documentos falsos y los presentan a juicio, estando a disposición de una estructura terrorista, con adhesión a sus fines y estrategias en materia penitenciaria. Las decisiones adoptadas por un número tan elevado de miembros del mismo frente no pueden ser tomadas al margen y sin la autorización de ETA: «ETA dirige las decisiones colectivas en materia penitenciaria, impulsándolas o autorizándolas expresamente«(STS 480/2009). Sin ir más lejos citamos varios autos, el último de ellos dictado en julio pasado en el sumario contra el senador Goyoaga (Doc. 3) que se fundamentan en el control por estructuras de ETA de las decisiones penitenciarias de los miembros de su frente de cárceles. El delito conexo de terrorismo queda sobradamente acreditado en nuestro escrito de denuncia. Y por lo tanto la competencia recae en la Audiencia Nacional.
Si como ya se nos ha reconocido con 6 denunciados, los hechos pueden revestir el carácter de delito de uso, las diligencias de prueba que ahora solicitamos con 76, son aún más necesarias, y muy sencillas de practicar: tan solo habría que requerir a la UPV y al MEC a que presenten los expedientes de matriculación de cada uno de ellos, dónde deben constar las Actas con los aprobados de Selectividad, o bien, la superación de las pruebas de acceso a mayores de 25 años y el curso de un mínimo de 6 semanas, requisitos sine qua non para poder matricularse y cursar estudios universitarios. Porque tan sólo necesitamos demostrar que los documentos son falsos, y está en manos de la justicia investigar y constatar lo evidente. Por ese motivo, también solicitamos en la denuncia que se pida a la Guardia Civil que emita informe sobre la falsedad de los documentos.
Con nuestra denuncia ya no se va a poder reparar la justicia debida a las víctimas, ya que se han burlado de todas nosotras, no han cumplido nunca la condena que el estado de derecho les impuso, burlando también la ley. Pero con la denuncia, al menos pretendemos destapar una parte de esa Verdad que se nos debe como víctimas, que es la que más se nos ha ocultado: las trampas cometidas en la ejecución de las penas, fase del proceso penal que injustamente nos priva de todo derecho, y en el que se pervierte el fin último de la aplicación de la ley, que es la justicia.
Nuestra denuncia también tiene un objetivo al que no vamos a renunciar. Si desde el punto de vista penal ni se les va a devolver a la cárcel ni se va a perseguir a los falsificadores, tan sólo ¡y qué menos!, queremos que se anulen los títulos o asignaturas que hubieran conseguido en fraude de ley. Algo que nadie quiso comprobar a tiempo, aún sabiendo que olían a podrido, a corrupción pura y dura de las instituciones.
Y para nosotras es una necesidad contar una parte de esa Verdad tantos años oculta. Porque sin Verdad y sin Justicia no hay Dignidad.
Autora: Consuelo Ordóñez
Abogada – Presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE)
