Agradezco el ofrecimiento de Lacaci & Delgado Abogados para publicar este artículo en su blog.
“Los avances normativos nunca han sido obra solo de un gobierno o de un sector político. La grandeza de la democracia ha nacido de los corazones de los ciudadanos, cogidos de la mano del legislativo, transitando por la senda de la igualdad y guiados por la Justicia”. Esta acertada frase de Michelle Bachelet nos recuerda que la fuerza normativa es creadora de la realidad social como motor de cambio, y este cambio viene impulsado por la sociedad, que organizada se ha convertido en eje vertebrador de nuestro estado democrático de derecho; en un escenario en el que la claridad y concreción legislativa son imprescindibles y exigen un rigor especial en la redacción de las leyes para que éstas no generen confusión ni dispersión. Por ello el papel de la abogacía es imprescindible y necesario en la redacción de las leyes.
Así, en democracia, las instituciones de la sociedad civil, las empresas y ONG deben contar con herramientas y canales para que su voz y sus demandas sean escuchadas en el ámbito político. El conocimiento técnico, como la experiencia científica casi siempre recaen en la sociedad civil y no exclusivamente en quienes toman las decisiones ejecutivas o legislativas. Desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona actuamos como lobby para colaborar en la toma de decisiones, que afectan a toda la ciudadanía, facilitando a los poderes públicos que dispongan de toda la información sobre una materia que implica necesariamente la participación de la sociedad.
Nuestro compromiso por defender tanto los intereses de la abogacía, en particular, como de la ciudadanía en general, nos ha llevado a estudiar las leyes, elaborar propuestas, presentar alegaciones e incluso denunciar aquellos aspectos que consideramos que se deben mejorar para proteger los derechos de las personas. Nuestra función es la de servir de engranaje entre la sociedad civil y los legisladores, para que conozcan todos los aspectos relacionados con una determinada normativa o política pública.
La capacidad de influir en reformas legislativas que comporten un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia, ha de conllevar también la exigencia de que las leyes vayan acompañadas de dotaciones presupuestarias para hacerlas efectivas y reales. Si somos capaces de influir y conseguir que nuestros abogados y abogadas perciban una remuneración justa y puntual por su trabajo, si no tenemos miedo a ponernos al frente de la defensa de nuestros intereses aunque ello, en ocasiones, nos pueda suponer un enfrentamiento con el poder establecido, la sociedad valorará positivamente nuestro lobby, pues nuestro éxito será también el de la sociedad, que cuenta con una abogacía que encara responsablemente la defensa de sus derechos y los de la ciudadanía.
La responsabilidad social que asumimos como garantes de los derechos y libertades, nos ha impulsado como Colegio de la Abogacía de Barcelona, a proponer reformas legislativas de las que podemos decir -con auténtica satisfacción- que se han gestado y han nacido gracias a la perseverancia de nuestra institución.
Hemos trabajado para ayudar a solucionar la situación de desprotección en que se encuentra la sociedad ante el derecho a la vivienda. Desde ese punto de vista quiero señalar como un dato significativo que el Govern de la Generalitat nos llamara para formar parte del grupo de trabajo que elaboró el anteproyecto de la que después fue la Ley 4/2016, de 23 de desembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.
Trabajando en primera posición también conseguimos promover la modificación de la ley de Enjuiciamiento Civil para implantar mecanismos más eficaces contra la ocupación ilegal de vivienda, dando lugar a la Ley 5/2018.
En defensa de la profesión, planteamos correcciones a la reforma de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales, con el objetivo de proporcionar mayor tranquilidad y seguridad jurídica y, a su vez, recoger las observaciones de la abogacía en una materia tan relevante para la economía del país como es éste.
También hemos abierto el debate para promover la supresión definitiva de las tasas judiciales para las empresas, y especialmente para las Pymes-que en el tejido económico catalán ostentan un papel esencial, que nada beneficia ni al mundo empresarial ni a la ciudadanía asumir doblemente el pago por obtener el servicio de la Administración de Justicia. Reclamar ante la Justicia contra un acto administrativo considerado perjudicial no debe suponer el pago de tasas judiciales ni comportar el riesgo de una condena en costas. Por eso hace falta replantearlo, para vigorizar el control jurisdiccional del poder ejecutivo.
Otro logro del Colegio se ha obtenido a raíz de la aprobación del anteproyecto de ley de impulso de la mediación. Dicho anteproyecto -que potencia la mediación al recoger la obligación de solucionar los conflictos civiles y mercantiles más comunes mediante la participación de un mediador antes de interponer algunas demandas, o bien cuando durante la tramitación de un procedimiento judicial el juez / a lo considere conveniente- incluye una antigua reivindicación de la abogacía barcelonesa: incorporar la mediación como materia obligatoria en los programas del Grado en Derecho.
Con el objetivo de responder a las demandas de la sociedad, desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona hemos impulsado y liderado el proyecto de carácter transversal y de ámbito internacional de la ‘Carta de Barcelona por los derechos de la Ciudadanía en la Era digital’ (#BarcelonaDigitalRights). Este texto pretende sentar las bases para un acuerdo global que permita hacer compatible la preservación de los derechos humanos con el impacto que ha tenido la evolución de las tecnologías en los últimos años, ya que se ha dibujado un nuevo escenario en el que los ordenamientos jurídicos actuales pueden presentar respuestas insuficientes a las demandas de la ciudadanía. Este proyecto, realizado gracias a las aportaciones de numerosos ‘project partners’, está abierto a la colaboración y adhesiones tanto de la abogacía como de otras entidades tanto de carácter nacional como internacional y aspira a ser la Carta de los Derechos Humanos en la era digital.
Otra problemática que nos preocupa profundamente es la violencia de género, una lacra que no admite tolerancia y requiere todos nuestros esfuerzos para su erradicación. Por ello, seguimos reclamando una propuesta de proyecto de ley y su aprobación por parte de las Cortes Generales, que contemple la plena incorporación del Convenio de Estambul en nuestro ordenamiento jurídico. Son prioritarias las modificaciones del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que sean necesarias para garantizar, con eficacia,la prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres.
La Abogacía es un lobby, sí, sin duda. Por ello continuaremos ejerciendo con orgullo y convencimiento esta función para que nuestra actuación revierta de forma directa y positiva en la sociedad, convirtiéndonos en pieza fundamental del Estado de Derecho.
