La construcción europea ha traído consigo, desde su comienzo, una clara tensión entre leyes comunitarias y leyes nacionales. Lo que nació como una confederación comercial para unos pocos sectores es hoy una comunidad política. Las instituciones de la Unión Europea legislan hoy sobre un gran número de materias. Esto plantea a menudo la cuestión de hasta dónde debe llegar la autonomía de cada Estado miembro. El debate suele aparecer en su vertiente socioeconómica: hablamos de armonización fiscal, de seguro de desempleo, de barreras al comercio, de circulación de capitales y trabajadores… En cambio, se debate menos cuando se habla de derechos relacionados con la familia. Es lógico: si nos vemos como una comunidad política, podemos discutir sobre el grado de federalismo fiscal o económico, pero es difícil justificar las diferencias legales en ámbitos que tienen que ver con los ámbitos más íntimos de los ciudadanos.
Con todo, persisten grandes diferencias en cuanto a los derechos relacionados con las familias. En buena medida por las convulsiones que ha experimentado el propio concepto de familia en las últimas décadas, con consecuencias en las leyes de unos países con mucha más rapidez que en otros. Y es que los cambios más importantes de una sociedad suceden dentro de cada casa, en el ámbito doméstico y familiar. Los nuevos modelos familiares son fruto de la transformación sustancial que toda la sociedad está experimentando en lo relativo a los derechos humanos y su reivindicación como universales, indivisibles e irrenunciables. En la traslación al marco normativo y legal vigente de estos cambios sociales es donde entra la responsabilidad de los representantes públicos y de las instituciones, que han de estar a la altura para posibilitar el ajuste. En el ámbito europeo, se plantea el desafío de crear marcos comunes para evitar situaciones de discriminación.
En caso de divorcio, la custodia de los hijos se ha concedido tradicionalmente a la madre. Podía considerarse lógico en una sociedad en la que el matrimonio lo componía un hombre que suministraba y una mujer que cuidaba y educaba. La aparición de nuevos modelos familiares ha vaciado de sentido esta preferencia, entre otros motivos porque el divorcio o separación puede tener lugar entre dos mujeres y entre dos hombres, casados o vinculados por cualquiera de las formas reconocidas de unión civil. También porque los hijos pueden llegar al hogar por adopción, por gestación subrogada o por otros medios. Además, la Convención de los Derechos del Niño y el Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales fomenta la corresponsabilidad parental, que se convierte en una obligación para ambos progenitores. Por último -pero lo más importante-, la custodia compartida como opción preferente en caso de separación debe revisarse por un motivo esencial: el interés del menor.
Dentro de la Unión Europea la custodia compartida solo es la primera opción en Bélgica e Italia. En otros, es posible solo por mutuo acuerdo o por decisión judicial. En España, uno de los países europeos con mayor número de divorcios (más de 100.000 al año), la custodia compartida de los hijos es otorgada sólo en una de cada cuatro ocasiones, y es una tendencia al alza. En nuestro país, además, se añade a la disparidad europea un problema ya endémico: cada Comunidad Autónoma tiene una legislación diferente. En 2010 Aragón estableció la custodia compartida como opción preferente. Desde entonces, solo Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana y País Vasco han seguido sus pasos.
Considero que la custodia compartida es preferible -siempre en términos generales y sin perjuicio de los casos concretos- porque prioriza el interés del menor, al permitir que disfrute de los lazos afectivos con ambos progenitores, y porque, además, fomenta valores y actitudes igualitarias como la corresponsabilidad familiar y el reparto equitativo de tareas, dando a la mujer mejor acceso al desarrollo profesional. Promueve, en resumen, un verdadero avance en la igualdad.
Otro de los desafíos que plantean los cambios sociales es el de las familias que forman parejas del mismo sexo. El 61% de los europeos, nada menos, está a favor del matrimonio igualitario. Los ciudadanos LGTBI también deben tener el derecho efectivo a formar una familia en condiciones de igualdad con las familias tradicionales. La realidad es que, dependiendo del Estado miembro, una pareja LGBTI puede casarse o no, tener hijos o no, tener o no reconocidos sus derechos económicos y de propiedad comunes… ¿Qué ocurre si una de estas familias se traslada a otro país de la UE? Que aparece el fantasma de la inseguridad jurídica.
Otra realidad que demanda una legislación adecuada es la gestación subrogada. Es hora de que las instituciones europeas asuman un papel de liderazgo y ofrezcan un marco común que ofrezca seguridad jurídica a las familias –hetero u homoparentales- que quieran acudir a esta vía para tener hijos, y que dé a estos niños el reconocimiento y la cobertura legal exigible. Mientras que en países como Holanda o, recientemente, Portugal la gestación subrogada está permitida bajo ciertos supuestos, en España está prohibida. Eso sí: se permite registrar a los hijos nacidos por esta vía en, por ejemplo, Estados Unidos. Cuando la ley dice una cosa y la realidad la contraria suele ser la hora de revisar las normas. Defiendo una normativa para la gestación subrogada que garantice la salud de gestante y niño, basada en una decisión libre de la mujer gestante, evitando la comercialización y el abuso.
Como la inmensa mayoría de los europeos, los liberales contemplamos una variedad amplia y rica de familias, basada en la libertad de los ciudadanos para constituirlas dentro del marco legal vigente. Considero que la defensa de los derechos y las libertades debe seguir siendo un rasgo esencial de la Unión. Porque las familias, todas las familias europeas, son la balsa que está permitiendo a millones de personas atravesar la larga y dolorosa travesía de la crisis económica. Por eso deseo que Europa coloque a las familias, a todas las familias, en el centro de sus políticas.
