Una opinión razonada en relación con las alternativas para el desbloqueo del Concurso de RTVE

Han pasado dos legislaturas desde la convocatoria del Concurso Público para la selección del Consejo de Administración y Presidente de RTVE. Sin duda, está siendo un proceso tan largo como complejo, que se ha enquistado en distintos momentos y que no ha estado exento de polémica a lo largo de todo este tiempo.

Dos legislaturas, aunque una de ellas haya sido de tan solo unos meses, es mucho tiempo para una renovación que, a juicio de todos, debería considerarse urgente. RTVE es un servicio público esencial que no merece verse comprometido por una situación de provisionalidad como la actual.

El pasado miércoles 14 de octubre la plataforma “Teledetodos”, un grupo de estudio compuesto por profesionales, investigadores y miembros de la sociedad civil interesados en los medios públicos de comunicación, organizó un debate acerca de la gestión y reforma de RTVE.

En este evento participaron, principalmente, representantes del Comité de Expertos, encargados de valorar las 95 candidaturas aceptadas al Concurso, así como algunos de los 20 candidatos finalistas que, en diciembre de 2018, fueron declarados idóneos por el mencionado Comité. Lo cierto es que, desde aquella evaluación, que provocó una gran cantidad de recursos por parte de muchos de los candidatos, incluso de algunos de los finalistas, el proceso se encuentra paralizado.

Como espectadora del debate de “Teledetodos” quisiera mostrar mi preocupación por la falta de respeto que, en general, se mostró hacia los letrados del Senado, hacia la Mesa de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades y, por extensión, al Parlamento que es quien, en último término, tiene la potestad de elegir al Consejo de Administración. Falta de respeto que se manifestó ante la posibilidad de que la Mesa pueda tomar otra decisión que no sea la de elegir a los futuros consejeros y consejeras de entre las 20 personas declaradas idóneas, a juicio del Comité de Expertos. Incredulidad, en una palabra, por esa postura que pretende que el Concurso Público no corrija los errores cometidos a lo largo del proceso que, a mayor abundamiento, han sido reconocidos públicamente, en varias ocasiones, por los propios Expertos. Sinceramente, no entiendo que, siendo conscientes los Expertos de las irregularidades producidas desde el origen del proceso, en el mencionado debate se hayan proferido palabras como “traición”, “fraude”, “bofetada” o “mofa” referidas al supuesto de que la elección no continuase de la forma que ellos entienden que debería hacerse.

Quizá muchos de ustedes me conocen y sabrán que nunca he dejado de considerarme candidata porque, en puridad, el Concurso no se ha resuelto y confío, como buena jurista que soy, en la Ley, la Justicia y el Orden. Por supuesto que el Concurso debe culminar, pero conforme a la legalidad, y si esa legalidad pasa por ampliar la elección a los 94 candidatos admitidos y evaluados, no les negaré que me llenará de satisfacción. Si esta fuera la decisión, el Concurso no quedaría desnaturalizado, como se señaló también en el debate, al revés, se vería legitimado al hacerse justicia dando entrada a la igualdad de oportunidades, toda vez que esta decisión sería el mal menor, una vez corroborados los vicios de los que ha adolecido el proceso. Absolutamente todas las personas que presentamos nuestra candidatura y fuimos valorados merecemos respeto.

Pero cómo hemos llegado hasta aquí, se preguntarán ustedes. Lo cierto es que estas disquisiciones y las dos posturas enfrentadas traen causa de un informe elaborado por los letrados del Senado, dado a conocer en junio de 2020, en el que se analizaba la situación jurídica del Concurso y, en respuesta a los recursos de tres de los candidatos, se exponían dos posibles vías para la continuación del proceso.

Grosso modo, la primera opción era resolver la treintena de recursos pendientes y continuar adelante con los veinte candidatos mejor valorados por el Comité de Expertos, una solución que implicaría incumplir el principio exigido legalmente de presencia equilibrada de mujeres y hombres en su composición, debido a que, entre ellos, únicamente hay tres mujeres. La segunda, advertía sobre la posible extralimitación de funciones de dicho Comité (exceso del mandato recibido) al declarar idóneos, únicamente, a los veinte que hubieran superado una cierta puntuación. Concluyendo, por tanto, los letrados que, en este caso, las correspondientes Comisiones de Nombramientos del Congreso y del Senado, no estarían vinculadas por esa relación, pudiendo llamar a cualquiera de los 94 candidatos que permanecen en el concurso y fueron valorados. Con esta segunda opción sí se podría cumplir con la presencia equilibrada entre mujeres y hombres.

Días más tarde de conocerse dicho informe, el Comité de Expertos mostró su total rechazo al mismo por considerar “que se critica frontalmente su labor”. Además de señalar “la coincidencia esencial entre este dictamen jurídico, aparentemente técnico, con las posiciones de lobbies e intereses conocidos que intentan siempre poner palos en las ruedas de la reforma democrática de RTVE”. Hecho este que obtuvo inmediata respuesta por parte de la Asociación Profesional de Letrados de las Cortes Generales defendiendo, como no podía ser de otro modo, que el dictamen “se elaboró con arreglo a criterios estrictamente jurídicos, con pleno respeto a los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios aplicables”, manifestando “públicamente su rechazo y más firme protesta por esas acusaciones que exceden de la crítica legítima y se adentran en un campo que debe quedar proscrito en una sociedad democrática».

Llegados a este punto, es momento de esperar, con la máxima consideración, la decisión última de la Mesa de la Comisión Mixta de la Corporación RTVE y sus Sociedades, respetando la potestad que ostenta el Parlamento en la elección del Consejo  de Administración y Presidente de RTVE.

Espero y deseo que el resultado final, sea cual sea, redunde en beneficio de la Corporación y estoy convencida que será una opinión compartida por los candidatos que verdaderamente se preocupan por el futuro de RTVE.

Autora: Mónica Armada
Licenciada en Derecho por la UNED y Doctoranda en Periodismo por la UCM. Ha desempeñado distintos puestos de responsabilidad y asesoramiento en empresas del sector público, como RTVE y AENA, en el sector privado, como Sogecable, además de otras responsabilidades institucionales en la Administración Local y a nivel internacional en Bruselas.