Tradicionalmente, los jueces y los fiscales no se han caracterizado por encabezar protestas ni reivindicaciones destacables y, aún menos, lideradas de forma conjunta. Como mucho, en los últimos años, hemos asistido a declaraciones aisladas por parte de algún juez o fiscal en ejercicio, tomando la palabra (en voz baja y en foros normalmente internos) para reclamar algunas de las reivindicaciones que ahora se piden con voz mucho más alta y, sobre todo, unitaria.
La Administración de Justicia conforma uno de los pilares básicos en los que se asienta nuestro Estado de derecho. Administrar Justicia, es decir, la función consistente en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, en una función pública derivada de la soberanía del Estado que se atribuye a los jueces y magistrados, en solitario o colegiadamente integrados en Secciones o en las Salas de Justicia de los Tribunales. Por su parte, el Ministerio Fiscal, se inserta también en la administración de Justicia, en cuanto que órgano que coadyuva a su consecución e incardinado dentro del Poder Judicial.
Ahora bien, para que jueces y fiscales puedan desarrollar su función con plenas garantías, cumpliendo su deber y administrando justicia de forma ágil y eficaz ante los justiciables es necesario, además, una serie de factores o requisitos sin los cuales, la propia Administración de Justicia, no alcanzaría tales fines.
Los requisitos mínimos exigibles para que jueces y fiscales puedan desarrollar su función, tan necesaria dentro de nuestro estado de derecho, son algunos de los que, precisamente ahora, estos mismos colectivos, de manera conjunta, se ven obligados a reivindicar por el hecho de las innumerables promesas incumplidas que, desde la práctica totalidad de los Gobiernos de la Nación, se han venido realizando a lo largo de los últimos 30 años.
Pasemos, pues, a detallar cuáles son esos requisitos necesarios, coincidentes con las reivindicaciones de los jueces y fiscales (y de otros operadores jurídicos, entre los que, por supuesto, también nos sumamos, muchos abogados)
Para empezar, una de las reivindicaciones que, podríamos decir histórica, es la de volver a tener un Poder Judicial sin injerencias del poder ejecutivo ni legislativo. Lo mismo cabría decir para reforzar la independencia del Ministerio Fiscal. Esto significa volver a tiempos en los que se respetaba, como no podía ser de otro modo en un Estado de derecho, la división de poderes. Significa derogar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que tuvo lugar en el año 1985 y que, tras ella, dejó en manos de los políticos la elección de un buen número de los vocales que conforman el Órgano de Gobierno de los jueces: el Consejo General del Poder Judicial. Así como el de los propios miembros del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. En definitiva, con esta reivindicación, esencial para accionar una verdadera Democracia, se trataría de resucitar a Montesquieu. Hasta la fecha, y desde la reforma comentada de la LOPJ en 1985, ningún Gobierno ha querido llevar a cabo esta primera y tan importante reivindicación.
Para continuar, otras de las reivindicaciones que ahora reclaman con fuerza los jueces y los fiscales están relacionadas con los propios medios con los que cuentan para llevar a cabo su función. Hablamos de medios técnicos y humanos. Hablamos de actualizar y reformar las propias sedes judiciales. Claman ya, jueces y fiscales y todos los operadores jurídicos (y los propios justiciables) por una Administración de Justicia acorde al siglo actual en el que nos encontramos. No es de recibo, no puede funcionar bien, es imposible, una Administración (sea la de Justicia o cualesquiera otra), en la que se caen (literalmente hablando) los techos de sus instalaciones, en las que no funciona (o, directamente, no existe) calefacción en invierno, ni aire acondicionado en verano, en la que se proclama con sorna el “papel cero” pero en donde las comunicaciones se siguen realizando mediante un aparato del siglo pasado (el fax), donde las videoconferencias siguen siendo emitidas y recibidas en aparatos con tecnología obsoleta e ineficiente… Las reivindicaciones de los Jueces y de los Fiscales, en este punto, exigen una modernización de los edificios judiciales y de las fiscalías; Un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuado, que realmente facilite el ejercicio de la función jurisdiccional fiscal en beneficio del ciudadano, en lugar de ralentizarlo; Procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes (víctimas, equipos psicosociales…)
Si hablamos de recursos humanos, la Administración de Justicia, en cuanto a Jueces y Fiscales se refiere, es de las administraciones donde más carga de trabajo existe y en la que, en proporción a ello, menos personal se contrata. En este sentido, la reivindicación de las cuatro Asociaciones de Jueces y las tres Asociaciones de Fiscales pasa por el compromiso del Gobierno para que se incrementen las plantas judicial y fiscal, equiparándolo a la media europea, convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años.
También alzan la voz, los Jueces y los Fiscales, por una mejora retributiva en el desempeño de sus funciones. Hay que recordar que estos profesionales cobran muy por debajo de la media de sus colegas europeos. Por otra parte, la excesiva carga de trabajo que tienen, así como el alto nivel de responsabilidad con el que vienen desempeñando la imprescindible función de administrar justicia, son argumentos de peso para valorar positivamente una mejora notable en las retribuciones de estos profesionales.
Los puntos anteriormente comentados sólo significan algunos de los mínimos requisitos exigibles para poder contar con una Administración de Justicia acorde a nuestro tiempo y posibilidades, al servicio de los justiciables y de todos los ciudadanos que sufragan (sufragamos) con nuestros impuestos uno de los pilares básicos de nuestra Democracia y del Estado de derecho.
Estos y otros mínimos requisitos, exigibles a nuestros gobernantes para contar con una Administración de Justicia eficaz y un Poder Judicial verdaderamente independiente, coinciden con las reivindicaciones de la mayoría de los Jueces y Fiscales quienes, ahora sí, alzan su voz para reclamarlo con fuerza y de forma conjunta.
Los Jueces y Fiscales, dijeron basta… Por ser de Justicia.
