La única opción de un justiprecio vendrá de los tribunales
Atónitos estamos todos con la noticia de la expropiación del Banco Popular. Por primera vez en la historia, la Unión Europea, a través del Banco Central Europeo y concretamente del Mecanismo Único de Supervisión -MUS- y del Mecanismo Único de Resolución -MUR- (uno el que decide y otro el que ejecuta) ha decidido sin procedimiento previo, y sin establecer un justiprecio para los accionistas del Popular, expropiar y vender el banco a continuación. Es una confiscación regulatoria en toda regla. En técnica jurídica la palabra confiscación -expropiar sin procedimiento ni justiprecio- no es peyorativa sino descriptiva.
La regulación bancaria y financiera de la Unión Europea está formada por una constelación de organismos, de los cuales el Banco Central Europeo es la cabeza. Los expropiadores del Popular -MUS y MUR-, dependen de él, que es el órgano responsable de la política monetaria de la Unión Europea y el que respalda jurídicamente la confiscación. Ve usted su coche, pues ya no lo tiene, o el «Exprópiese» de Chávez, son dos frases que pueden ayudarnos a entender lo que se anunció la madrugada del martes al miércoles.
Son muchas las incógnitas que se plantean en este momento. En primer lugar, la actuación se produce sin informar al mercado. En segundo lugar, no se conocen las posibles alternativas que hubieran podido barajarse para encontrar soluciones menos lesivas para los accionistas. En tercer término, no se comunica cuál es la situación en la que se encuentran estos accionistas, ignorando así los intereses de los más afectados por esta decisión.
Se abre, por todo ello, un escenario de incertidumbre en el que se pueden atisbar distintos tipos de responsabilidades. Unas administrativas por parte de las autoridades europeas, en las que deberá dilucidarse si han actuado correctamente en el marco de la nueva regulación y con respeto de los derechos fundamentales de procedimiento debido y justa compensación, garantizados por el derecho primario de la Unión Europea. Otras de carácter mercantil en relación al actual presidente del banco y su equipo, que han demostrado una absoluta incompetencia a la hora de manejar el proceso de recuperación de la entidad. Otras incluso políticas: las autoridades españolas y los supervisores una vez más han brillado por su ausencia.
Y, en definitiva, otras dirigidas a averiguar finalmente quién ha estado detrás de este proceso de ataque permanente al Popular, que ha desembocado como suele suceder en estos casos en la muerte mercantil de una entidad señera en nuestro país.
Los accionistas deben saber que han sido confiscados. Que sus acciones hoy valen cero euros, que el mercado, con su olfato e información, empezó a descontar esta situación ya hace unos días. Que la única opción de un justiprecio vendrá de los tribunales de justicia, como sucedió con las preferentes, con la salida a Bolsa de Bankia, o como deberá suceder con Pescanova, Gowex o Abengoa por citar algunos de los graves accidentes contemporáneos que ha sufrido el capitalismo en nuestro país. El Banco Popular ya es historia -aun cuando la marca pueda coyunturalmente mantenerse-, una anomalía de la que habrá de dar cuenta en sede judicial, y por la que los culpables habrán de responder: a los accionistas y a la opinión pública. No será tan fácil borrar del mapa un banco sistémico de la Unión Europea de la noche a la mañana. Aún quedan jueces en Berlín.
